Uno de los momentos más temibles en la historia de cualquier país se produce cuando a la gente empiezan a parecerle aceptables o incluso normales medidas o leyes que son completamente anómalas y de todo punto inaceptables. Suelen aparecer poco a poco, luego se van acelerando. Las primeras nunca resultan muy graves -aunque sean injustas, arbitrarias y sin sentido-, y por eso casi nadie se rebela. Pero cuesta creer que a estas alturas no sepamos que después de esas primeras vendrán otras peores, y que por eso hay que denunciar aquéllas, por inocuas que parezcan, y no consentirlas. Una de las pioneras normas «raciales» nazis fue prohibir a los judíos que se sentaran en los bancos de los parques. Si no recuerdo mal, no se les impidió entrar y pasear por ellos, sino sólo eso, tomar asiento en sus bancos. Poca cosa, debieron de pensar sus conciudadanos arios, por mucho que la regulación fuera absurda e injustificable. Pero, como contó Stefan Zweig en El mundo de ayer, la interdicción supuso muy pronto que su madre, ya anciana, dejara de visitar los parques porque se cansaba de caminar sin descanso posible. No es que pretenda establecer, por fortuna, comparación alguna entre las iniciales leyes de Núremberg y nada de lo que ocurre en nuestro país actualmente. Es tan sólo que aquellas leyes son un ejemplo muy gráfico de cuán sibilino puede ser lo paulatino y de cómo, sin que apenas nos demos cuenta, se va produciendo un crescendo de injusticias y atropellos que se van aceptando con facilidad, uno tras otro; al cabo del tiempo nos percatamos de que la situación se ha hecho intolerable, pero para entonces ya es tarde. Hay asuntos en los que consentir lo mínimo equivale a dar carta blanca a las autoridades para que -siempre gradual, taimadamente- alcancen lo máximo. El máximo abuso.
Hace no mucho, el Gobierno del PP ha hecho uno de esos anuncios anómalos e inaceptables ante el que escasas voces se han alzado. Como es sabido, las diferentes Administraciones (Gobierno central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) acumulan una deuda comercial de unos 40.000 millones de euros con sus proveedores, entre los cuales destacan los farmacéuticos por el ruido que han armado. 40.000 millones, uno se pregunta cómo se ha podido llegar impunemente a semejante cifra. Por «impunemente» quiero decir que a cualquier particular que debiera el 0,0001 % de esa suma se lo multaría o embargaría, o, como mínimo, dejaría de abastecérselo. No hablemos ya si la deuda fuera con Hacienda: ésta se abalanzaría sobre el moroso sin tardanza, si echara en falta el pago de 40.000 euros, y además le cargaría intereses. Pues bien, el Gobierno de Rajoy ha anunciado, como si fuera normal o aceptable, que cobrarán antes -parte de lo que se les adeuda- aquellos proveedores que renuncien a cobrar parte de lo que se les debe, es decir, quienes «perdonen deuda». Veamos cómo es el proceso: usted les adelanta a las Administraciones unos servicios, un material, unas prestaciones, un trabajo, unos medicamentos o lo que sea, gracias a los cuales los responsables de esas instituciones presumen de su beneficencia y de su eficacia ante los ciudadanos y se ganan sus votos. Usted, de hecho, está financiando o sufragando a esas instituciones, sólo que nadie lo sabe porque éstas lo ocultan y se cuelgan todas las medallas. Llega un momento en que usted, su negocio, su empresa, están ahogados y al borde de la quiebra, o ya en ella. No pueden seguir adelantando trabajo o provisiones indefinidamente. No pueden subvencionar, a título particular, a quienes además no se lo agradecen ni lo hacen saber a la sociedad. La sociedad sólo se entera cuando la magnitud de la deuda resulta inasumible para esas Administraciones morosas. Y lo único que a éstas se les ocurre es que usted, para cobrar «al menos» parte de lo que se le debe, renuncie para siempre a cobrar otra parte… de lo que ya ha dado o proporcionado. Sí, es cierto que se perdona deuda a los países pobres, por ver si así recomponen un poco sus maltrechas economías y salen de su marasmo. Pero se las perdonan países muy ricos u organismos financieros internacionales como el Banco Mundial o el FMI (como quien dice, grandes magnates que no necesitan cobrar esas deudas para su supervivencia). Lo insólito de la medida propuesta por el Gobierno del PP es que se aspira a que el pequeño le perdone la deuda al grande, el pobre al rico, el particular al Estado, el farmacéutico al Ministerio o a la Consejería de Sanidad. ¿A ustedes les parece esto normal y aceptable? A mí, que siempre he pensado que todo trabajo hay que pagarlo, me parece de una desfachatez inconmensurable.
Más o menos en consonancia con esto, el Ministro Montoro ha declarado con su vocezuela que «las autonomías somos todos» y que por tanto no hay que culparlas de sus deudas y déficits descomunales. Como la gran mayoría de ellas llevan tiempo regidas por el PP, le conviene que nadie las culpe. Pero ni usted ni yo hemos celebrado fastos innecesarios sin cuento: ni visitas del Papa ni carreras de Fórmula – 1 ni veinte días seguidos de mascletàs, ni hemos construido aeropuertos sin aviones, o televisiones ruinosas, ni le hemos soltado dinero a raudales a una red de corrupción llamada Gürtel. Al señor Montoro hay que contestarle que, si las Comunidades Autónomas somos todos, no todos somos los que malgastamos sus fondos ni contraemos sus deudas
injustificables. Eso lo hacen individuos con nombre propio que al parecer no responden de sus ineptas o fraudulentas acciones y omisiones. Va siendo hora de que sí respondan.
JAVIER MARÍAS
El País Semanal, 18 de marzo de 2012
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