Los pueblos o los ciudadanos nunca son culpables de nada, suele decirse. (También hay quienes aseguran que jamás se equivocan, pese a que el mundo y la historia estén llenos de gravísimos casos de meteduras de pata, el más reciente la elección de un patán racista para la Casa Blanca.) Pero ya lo creo que lo son, culpables. Otra cosa es que su culpabilidad carezca de consecuencias, o sólo les acarree el castigo de padecer durante cuatro años a los criminales o imbéciles —bueno, lo uno no excluye lo otro— a los que han votado. Claro que a veces, como en los actuales casos de Venezuela o Rusia, esos cuatro años se convierten en veinte y los que te rondaré: algunos políticos, una vez instalados y con mayoría parlamentaria, la aprovechan para suprimir o adulterar las elecciones o “abrir un proceso constituyente”, esto es, instaurar una nueva “legalidad” que los perpetúe en el poder y los beneficie. Pero en fin, a la primera, los pueblos pueden escaquearse de su responsabilidad arguyendo que fueron engañados por sus elegidos.
El pueblo o los ciudadanos catalanes no podrán esgrimir esta excusa dentro de cuatro días. Durante los dos años y pico transcurridos desde sus anteriores autonómicas han visto cómo ya el resultado de éstas fue falseado: los partidos independentistas alcanzaron el 47% o 48% de los votos, y sin embargo eso fue para ellos “una mayoría clara” que reclamaba la escisión de España, “un mandato” que se han limitado a obedecer, enviando a la inexistencia al 52% de los votantes. No sólo han borrado a éstos, sino que los han arrinconado y acosado, los han purgado de las instituciones y aun del Govern si se mostraban “tibios” (recuérdese al conseller Baiget, que se dijo dispuesto a ir a prisión pero no a perder su patrimonio, y eso ya bastó para que se lo considerara “desafecto”). Luego, todas sus actuaciones han sido y siguen siendo de un cinismo que ha superado al que hemos sufrido por parte del PP durante lustros, y que en verdad parecía imbatible, lo mismo que su nivel de falacia. ERC, PDeCat y CUP han mentido sin cesar en todo. Las empresas se pelearán por establecerse en la Cataluña independiente, y el mero amago ya ha llevado a casi tres mil (incluidas las principales) a cambiar la sede social o fiscal o ambas. Ni un minuto estaremos fuera de la Unión Europea, y todos los países miembros les han dado la espalda. Seremos más prósperos, y ese mero amago ha hecho descender el turismo y el comercio, ha llevado a los teatros y cines casi a la ruina, ha rebajado la producción, ha hecho salir dinero a espuertas y ha enviado al paro a los más pobres, camareros y “kelis” a la cabeza. Seremos como Dinamarca, y las perspectivas económicas de la república apuntan a convertirla en un gran Mónaco (es decir, un inmenso casino), una gran Andorra (es decir, un inmenso paraíso fiscal) o, para la CUP, una gran Albania de los tiempos de Hoxha (es decir, una inmensa cárcel con economatos).
Pero bueno, cada cual es libre de desear lo que quiera. El independentismo es tan legítimo como cualquier otra opción. El problema, desde mi punto de vista, es cómo se lleva a cabo la secesión y en manos de quiénes se pone el nuevo Estado. A estas elecciones se presentan los mismos individuos balcanizantes y totalitarios que han obrado sin escrúpulos desde 2015. Quienes los voten ya saben a qué se atienen, no podrán decir “Ah, yo no sabía” ni “Ah, es que me engañaron”. Quienes suelen abstenerse en las autonómicas, también, ya no podrán decir “Ah, yo me inhibo” ni “Ah, es que todos son iguales”. Estas elecciones vienen tras una emergencia. Los independentistas exigen que el Gobierno central se comprometa a aceptar los resultados si son contrarios a sus intereses, pero eso mismo habría que exigirles a ellos, y no parecen dispuestos: si pierden, las considerarán ilegítimas; si ganan, aducirán que han realizado una proeza, pese a las dificultades. Y ya hablan de posibles pucherazos, quienes cometieron uno flagrante el pasado 1-O, dando por válido un pseudorreferéndum controlado por ellos y sin la menor garantía.
Hay que reconocer que, si se eclipsaran, echaríamos de menos a sus líderes, que han resultado de lo más entretenidos. Oír los disparates y vilezas del lunático Puigdemont, de la difamatoria y melindrosa Rovira, del beato Junqueras, de la autoritaria y estólida Forcadell, del achulado Rufián y del aturullado Tardá ha sido como tener una entrega diaria de aquellas viñetas del gran F. Ibáñez, “13 rue del Percebe”. Y escuchar las verborreicas incoherencias malsanas de Colau (más que ambigüedades) ha sido como una ración de Cantinflas a diario, aunque los jóvenes ya no sepan quién era Cantinflas (un mexicano liante, lo encontrarán en YouTube, seguro). Pero la diversión tiene su límite cuando lleva aparejado el suicidio. No sólo el político. También el económico, el de la convivencia, el de la libertad democrática y el del decoro. Para convertirse en un país indecoroso no hay excusa. Que se lo pregunten a Austria cuando, recorriendo el camino inverso, perdió su nombre y pasó a llamarse Ostmark durante siete años. Fue por voluntad de su pueblo o de sus ciudadanos.
JAVIER MARÍAS
El País Semanal, 17 de diciembre de 2017
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