LA ZONA FANTASMA. 21 de octubre de 2012. Suicidas en los balcones

No sé si las leyes nos conminan a hacerlo, pero en todo caso todos tenemos la idea de que, si vemos a alguien a punto de suicidarse, nuestro deber es intentar impe­dírselo, o por lo menos disuadirlo con buenas palabras y razonamientos. Claro está que un resuelto suicida aca­bará saliéndose siempre con la suya, no se lo puede vigilar permanentemente; y si no conseguimos convencerlo, termina­rá por destruirse. Hace ya bastantes años que la ciudadanía y muchos articulistas tratamos de persuadir a nuestros políticos para que no se quiten la vida, pero éstos, lejos de hacernos caso, se encaraman a los balcones y, como esos descerebrados turis­tas de las Baleares que se matan cada verano al lanzarse desde sus terrazas a la piscina del hotel y romperse la crisma contra el borde, siguen bebiendo y tomando carrerilla para dar el gran salto hacia su autodefenestración literal (les recuerdo que la primera acepción de “defenestrar” es “arrojar a alguien por una ventana” y que la segunda, más frecuente, es figurada).

Los políticos parecen estar ciegos y sordos de alcohol y drogas, porque cuando se les avisa del peligro que corren, reaccionan airadamente, como ha sucedido hace poco con el juez Pedraz, que se permitió mencionar “la conve­nida decadencia de la clase política”. Deberían darse cuenta de que, si los prevenimos, es porque les tenemos estima, al menos una estima teórica: consideramos que son necesarios y que podrían ser beneficiosos, o que les tocaría serlo. Que resultan impres­cindibles para resolver los problemas, aunque lleven mucho tiempo constituyéndose ellos en uno de los mayores. Que en modo alguno deseamos su sustitución por empresarios, tec­nócratas, banqueros, multimillonarios o demagogos profe­sionales, no digamos por “caudillos” de derechas o izquierdas. Nos conviene que se cuiden, que sean mejores, que la gente vuelva a respetarlos. Pero todos parecen empeñados en segarse la hierba bajo los pies y en practicar con denuedo lo que la prensa llama “balconing”, y estamparse contra el suelo.

No es sólo que suelten sandeces y tautologías sin cesar, hasta un extremo ofensivo. Rajoy es incapaz de evitarlas: “Ha­remos lo que haya que hacer, y le diremos a Europa que haga lo que hay que hacer”, o “Estoy explicando con bastante pre­cisión que me lo estoy pensando” (¿hace falta algún grado de “precisión” para explicar semejante hondura?). El catalán Homs no le va a la zaga: “Nos manifestamos para ser lo que somos” (¿cómo va uno a querer ser lo que ya es?), ni casi nin­guno de sus colegas. Pero más grave que estas hirientes vacui­dades es que el Gobierno haya presentado un proyecto de Ley de Transparencia en la que sin embargo incluye “el silencio negativo como fórmula de respuesta a cualquier solicitud de información, sin precisar su motivación”, según ha explicado María Fabra en este diario. Uno se pregunta qué clase de to­madura de pelo es está: una “Ley de Transparencia” que deja a la voluntad de las Administraciones y los gobernantes que muchos secretos dejen de serlo o sigan siéndolo. El resultado será el que imaginan. Lo cual no tiene nada de particular (e incluso estoy de acuerdo en que no todo debe hacerse públi­co), pero entonces, ¿para qué preparar esta Ley si no es para irritar más a la gente y para que ésta desprecie aún más a los políticos? Lo cierto es que el tesorero de cualquier organismo o empresa habría de ofrecer unas cuentas completas, claras y al céntimo a quien le ha confiado su dinero, y en buena medi­da eso es el Estado (encarnado por el Gobierno de turno): el tesorero de los ciudadanos, de los que procede hasta el último penique que aquél gasta. Hoy continúa sin responderse, sin embargo, cuánto costó el viaje de Rajoy a la Eurocopa, al día siguiente de anunciar el rescate financiero que a él le pareció digno de brindis. O el importe de la auditoría que encargó la Xunta para avalar la fusión de las cajas gallegas. Ni cómo se emplean -o si se emplean- los 3.000 euros anuales de que disponen los diputados para taxis, y cuyo posible sobrante no han de devolver en ningún caso. Los coches oficiales de los ministerios, los sueldos de los tertulianos o de los presentadores de las televisiones públicas son también alto secreto. Cito o pa­rafraseo a María Fabra -está invitada a un almuerzo-: “Un informe jurídico avaló en Galicia un plan de legalización de 4.200 viviendas, la mayoría ilegalizadas por los juzgados. Al preguntársele a Núñez Feijóo por ese informe, respondió anunciando la solicitud de otro informe para saber si podía mostrar el primero”. Supongo que más adelante pedirá un tercero para saber si puede mostrar el segundo, y así hasta la eternidad de Groucho Marx, superado con creces. Los contra­tos de las Administraciones tienen a menudo “cláusulas de confidencialidad” que impiden averiguar nada de lo que se ha hecho con el dinero de los contribuyentes. Con su mayoría brutal, el PP puede hacer y hace lo que le viene en gana. Pero no le basta, y encima nos somete a burlas y trampas. No es sólo este partido, no obstante, el que salta de balcón en balcón o se tira a la piscina desde la barandilla. Son todos. ¿Qué más pode­mos hacer para evitar que se suiciden?

JAVIER MARÍAS

El País Semanal, 21 de octubre de 2012