LA ZONA FANTASMA. 23 de septiembre de 2012. Con los pies

Créanme si les digo que no tengo interés en convertir esta columna en una monótona crítica al Gobierno del PP. Es más, la perspectiva me aburre, luego supongo que a ustedes también. Qué más quisiera yo que contar con un Presidente y unos ministros inteligentes y justos, que hicieran lo posible por beneficiar al país y a sus habitantes. Pero es todo lo contrario, y además, como comen­té el pasado domingo, la célebre crisis no les ha absorbido todo su tiempo, sino que aún les sobra para ir de desmán en despropósito y de despropósito en tropelía, y son ya tantos que muchos pasan inadvertidos y se quedan sin respuesta. Sale la noticia al respecto y el siguiente impide (el inmediato) que nadie se pare a denunciado.

En pleno mes de agosto, la Ministra de Fomento, Ana Pas­tor, presentó la llamada “nueva ley de Medidas de Flexibiliza­ción y Fomento del Alquiler de Viviendas”, que, como su pomposo y absurdo nombre no indica, pretende “dar gas al raquítico mercado del alquiler en España, muy por debajo de la me­dia de la Unión europea”. La idea no sería mala en sí misma (si fuera cierta): más de una vez he criticado la obsesión de los españoles por tener una vivienda en propiedad. Es una de las causas de nuestros males; es lo que ha llevado a millones de ciudadanos a hipotecarse durante treinta, cuarenta y hasta cincuenta años para comprarse un piso, con el beneplá­cito y las tentadoras ofertas de crédito de todos los bancos. La gente tiene la noción primaria y estúpida de que, si alquila, “está tirando el dinero”, porque destina a satisfacer la renta mensual “más o menos” lo que destinaría a pagar la hipoteca, con la diferencia de que, en el segundo caso, al final la vivien­da sería suya y se la dejaría a sus hijos. Como sabemos dema­siado bien ahora, son centenares de miles las familias que, al no poder hacer frente a su hipoteca, han perdido su piso y su dinero. En los años de la burbuja inmobiliaria yo me pregun­taba: “Dada la precariedad actual del empleo, ¿cómo hay tan­tos individuos dispuestos a endeudarse para toda su vida –y quizá parte de su muerte-, con los trágicos riesgos que com­porta, en vez de alquilar sin más problemas?” Uno no “tira el dinero” por hacer esto último: lo gasta a cambio de algo, de la misma manera que gasta en comer o en vestirse. La obsesión por la compra del piso es propia de país atrasado y supersti­cioso. Menos del 20% de los españoles viven en alquiler mien­tras que en Francia, Gran Bretaña o Alemania el porcentaje ronda o supera el 50%, si no estoy mal informado.

La Ministra Pastor, sin embargo, o es muy cínica o es muy corta (o en fin, no son cosas que se excluyan). Porque vea­mos: con esta nueva ley bastará con que el inquilino se retra­se diez días en el pago de una mensualidad para que la justi­cia apruebe su desahucio (“desahucio exprés”, lo llaman); y, a diferencia de lo que ocurría hasta hoy, el abono de la deuda  -pongamos en el undécimo día- ya no pondrá fin automática­mente a ese procedimiento de desahucio, sino que éste seguirá adelante sin vuelta de hoja. Así que si uno está de viaje dos semanas y no satisface la mensualidad cuando toca; o se produce un fallo en la domiciliación bancaria; o tiene un momentáneo e involuntario apuro económico (normal cuando el propio Estado, las autonomías y los ayuntamientos son morosos crónicos que incumplen con sus funcionarios y proveedores), uno se verá expulsado de su casa sin poder hacer nada para remediarlo. Otra alentadora medida de Pastor es que “tanto inquilino como arrendatario podrán pactar de mutuo acuerdo la actualización de las rentas, en lugar de la revisión automática acorde a la inflación”. Es decir, que si el case­ro decide arbitrariamente subir el alquiler un 50%, y no hay “mutuo acuerdo” -¿cómo puede haberlo?-, al inquilino no le restará sino hacer el petate. Por último, la reforma permitirá al propietario “recuperar en todos los casos la vivienda si la necesita para sí o sus familiares directos”, con un mero prea­viso de dos meses. Hasta ahora ese supuesto debía constar en el contrato, ya no. ¿Y quién va a comprobar si ese propietario utiliza el piso “recuperado” para lo que ha anunciado?

El resultado de esta nueva ley es el siguiente: no hay nin­guna garantía ni protección para los inquilinos, a los que se podrá echar sin causa justificada en cualquier momento. ¿Es así como Rajoy y Pastor van a animar a la gente a que alquile pisos? ¿Son tontos o nos toman por tales (tampoco esas dos cosas se excluyen)? ¿Quién diablos se va a meter en una vi­vienda arrendada si queda totalmente a merced de los capri­chos del dueño? ¿Quién va a amueblarla y mudarse si mañana el casero puede echarlo? No, con esta ley no va a darse “un equilibrio entre el arrendador y el arrendatario”, como ha di­cho esa Ministra que parece pensar con los pies. Más bien se limita a dejar al ciudadano común indefenso y a favorecer a los propietarios: Por lo de­más, lo que hace siempre este Gobierno, en todos los ámbitos.

JAVIER MARÍAS

El País Semanal, 23 de septiembre de 2012