LA ZONA FANTASMA. 10 de junio de 2012. Esa miseria

Hará unos tres meses dediqué aquí una columna a la per­cepción que de la justicia y los jueces tienen la mayoría de los españoles, y la titulé “En el lodazal”. Esa colum­na me trajo unos cuantos reproches de magistrados, que me instaban a hablar de hechos y no de impresiones, y me espetaban que muchos de ellos cumplen fiel y honradamente su tarea. No lo pongo en duda y quisiera creer que son los más, oja­lá. Respecto al primer reproche, ¿por qué no va a hablar uno de una impresión, una sensación o una percepción? Cabe que sean injustas y erradas, claro está, pero muy tonto o soberbio sería el gremio que hiciera caso omiso de ellas, sobre todo cuando son generalizadas, y no se parara a preguntarse por las causas de la visión negativa que de él tiene el conjunto de la sociedad, y no tratara de corregirla. Lo propio de este país es, sin embargo -y viene de antiguo-, desdeñar a la gente y seguir como si tal cosa. Hace diez meses se publicó un “barómetro” que medía eso, el grado de confianza de los ciudadanos en sus diferentes instituciones y colectivos. Los mejor parados, en este orden, fueron los científicos y los médicos, con un 7,4 sobre 10; a continuación, la Universidad, la sanidad pública, la policía, la Seguridad Social, las pequeñas y medianas empresas y los intelectuales. Todos ellos quedaban por encima de la Guardia Civil, los milita­res, las ONGs y el Rey.

Los menos dignos de confianza (y la pregunta hecha a los consultados rezaba así: “¿En qué medida le inspiran confianza, es decir, sensación de poder confiar en ellos… ?”, y la cursiva es mía) resultaron ser, por este orden: los políticos, con un 2,6, los partidos, los bancos, el actual Gobierno del Estado, los obispos, los sindicatos, la Ad­ministración de Justicia, las cajas de ahorros, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y la Iglesia Católica. Los jueces también eran suspendidos, aunque quedaban algo menos mal. Desde entonces (7 de agosto de 2011) yo no he visto el menor propósito de enmienda -ni siquiera la menor vergüenza o pre­ocupación- por parte de estos colectivos o instituciones que más ahuyentan. Lo que piense la gente parece traerles sin cui­dado, carecen de toda autocrítica, son tercos y despreciativos, se limitan a mirar por encima del hombro tales opiniones y sen­saciones. Y, curiosamente, el actual Gobierno de la nación (que no es el de aquella fecha) se dedica a castigar a los mejor valorados: a los científicos se los deja sin medios y se los impulsa a emigrar; a los médicos y a la sanidad pública se los maltrata y se la empeora, respectivamente; a la Universidad le ponen un Mi­nistro de Educación desfachatado, pero romo y servil con sus superiores, al que los rectores no quieren ver ni en pintura; a los intelectuales, por supuesto, no se les hace ni caso. Uno diría que los más indignos de confianza son quienes llevan la batuta, y se vengan de los más dignos a conciencia.

En aquella columna mía mencionaba al “presuntuoso Presi­dente del Poder Judicial, Carlos Dívar”. El adjetivo no estaba puesto a la ligera: su actitud, su suficiencia y sus palabras suelen ser presuntuosos. Y citaba unas declaraciones suyas de entonces: “Esa constante deslegitimación de una institución clave como el Poder Judicial produce unos efectos sobre su credibili­dad que son de costosa y difícil reparación”. Y que lo diga usía. Sobre todo después de la reciente deslegitimación de la que él mismo ha hecho objeto a ese Poder con el escándalo de sus vein­te “fines de semana” de cuatro y cinco días en Marbella (¿desde cuándo las semanas se cuentan al revés?), con gastos inexplica­dos y en apariencia superfluos (hoteles y restaurantes de lujo, un batallón de guardaespaldas) cargados al erario público. El fiscal ha archivado el caso al no apreciar” ánimo de lucro”, y el juez Dívar, como si estuviera en época de Franco (ay, cómo se nos van pareciendo), no sólo ha rehusado dimitir, sino que ha sostenido que no tiene por qué revelar nada de sus horteras estancias ni dar explicación alguna a la prensa. Tal vez no haya habido ánimo de lucro, pero todo apunta a que sí podría haber habido “áni­mo de ahorro” o “ánimo de sisa”. Nadie se hace mucho más rico por 13.000 euros, la cantidad gastada sin justificación, pero ahorrárselos a costa del contribuyente no está nada mal.

Lo peor, con todo; lo que debería haber llevado a Dívar a dimitir independientemente de que haya o no delito en su pro­ceder; lo que demuestra que el encargado de juzgar a los demás no tiene ni idea del mundo que lo rodea ni de las necesidades de quienes pueden estar un día a su merced, es que se haya referi­do a esa suma, con gran displicencia, como a “una miseria”. Sin duda lo será para él, que percibirá uno de los más elevados suel­dos de la nación, como lo sería para cualquier banquero o Presidente de Comunidad Autónoma. Pero 13.000 euros es lo que gana mucha gente en un año, hoy con suerte. Numerosos traba­jadores con jornadas de ocho horas no ven ese dinero en el mis­mo periodo de tiempo. Y unos cinco millones de españoles es­tán ahora mismo en el paro, sin ingresar nada o un modestísimo subsidio. No puede ser juez de nadie -menos aún estar al frente de sus colegas- quien ignora todo esto. Pero como es imposible que el señor Dívar lo ignore, entonces no puede ser juez quien vive tan instalado en el señoritismo que, pese a ser católico con­feso y ferviente, ni siquiera se da cuenta de cuándo humilla y ofende a sus semejantes.

JAVIER MARÍAS

El País Semanal, 10 de junio de 2012