Hace ya muchos años que los fallos y sentencias de bas­tantes jueces españoles -no digamos de los jurados, ese invento demagógico y nefasto- producen estupor entre la población, cuando no indignación. Recuerdo un par de casos, ya antiguos, en los que el ensañamiento fue descarta­do porque, si bien el asesino había asestado cincuenta o sesenta puñaladas a su víctima, lo más probable era que ésta hubiera ya muerto a la primera o segunda, y, siendo cadáver, no se habría enterado de las cuarenta y ocho o cincuenta y ocho restantes. Como si el apuñalador hubiera tenido precisos conocimientos forenses y hubiera sabido al instante qué cuchillada había sido mortal. Por otra parte, en el supuesto de que lo hubiera sabi­do, ¿por qué le siguió clavando la navaja una y otra vez? Sí, son muchos los fallos que parecen sin pies ni cabeza, o ir contra el sentido común. A menudo los magistrados, tendentes al corpo­rativismo hasta el punto de ser calificados de “casta”, se escudan en la famosa y estricta aplicación de la ley y de sus sutilezas, que el vulgo, según ellos, ignora palmariamente. A veces se escuchan de sus labios compa­raciones tan impropias como ridículas: lo mismo que la gente no está capacitada para opinar sobre el quehacer de un cirujano, tampoco lo está para criticar la tarea de un juez. Gran falacia, ya que, si bien un ciuda­dano común carece de parecer sobre cómo y dónde se debe aplicar el escalpelo, sí está facultado para dirimir y juzgar, al menos en principio, puesto que la justicia que imparten los jueces emana del conjunto del pueblo, del que ellos son tan representantes como lo puedan ser los gobernantes. Y la prueba de que sí se con­sidera al ciudadano corriente capaz de discriminar y juzgar es que de tanto en tanto se lo obliga a hacerlo, cuando se lo convoca como jurado, no sé si con buen criterio, por lo demás: en el re­ciente proceso al ex-Presidente valenciano Camps y a su acólito Costa, por ejemplo, los jurados han dado la impresión de pifiarla, bien por desconocimiento, bien porque fueran simpatizantes o votantes previos del PP al que pertenecían y aún pertenecen los acusados. Lo cual no sería extraño, dadas las reiteradas y abru­madoras mayorías que ese partido alcanza en su Comunidad.

Lo cierto es que, se pregunte a quien se pregunte, la percep­ción que la ciudadanía española tiene de su justicia y de sus jueces no es mejor de la que tienen los italianos sobre los suyos. Si éstos llevan decenios viendo a Berlusconi eludir con triquiñuelas sus procesos e imputaciones, nosotros no llevamos menos con la im­presión de que nuestros tribunales son selectivos, exasperante­mente lentos, a menudo parciales, incompetentes o corruptos; de que muchos jueces son despóticos y arbitrarios, de que otros están grillados, de que entre ellos hay no pocos venados e individuos groseros; y, por supuesto, de que bastantes están al servicio de los partidos o se dejan influir por sus creencias particulares a la hora de emitir sus veredictos; y también, últimamente, a raíz de los tres procesos simultáneos a Garzón, de que no son ajenos a las renci­llas, las banderías, la inquina y la conspiración. No estoy afirman­do nada, claro está -me faltan elementos para ello-, hablo sólo de una impresión generalizada, y esa impresión, sea o no acertada, es una de las más graves que los ciudadanos de un país pueden te­ner: si éstos desconfían de sus jueces y su justicia, si se sienten desamparados ante ellos, si perciben que se castiga o se exonera por conveniencia, o por presiones, o por la relevancia o irrelevan­cia del reo; si ven salir impunes a quienes tienen todas las trazas de ser culpables -ya sé que las trazas no lo son todo, pero son algo a lo que no se puede evitar atender-, y que en cambio se aplica la máxima severidad a quien durante lustros ha parecido un juez tenaz y trabajador que sacaba los colores a la mayoría de sus cole­gas; si ocurre todo esto, digo, la justicia está por los suelos y por lo tanto también lo está el entero sistema democrático. Es más, está a dos pasos de que se lo considere una farsa.

Ante semejante situación, al presun­tuoso Presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, no se le ha ocurrido otra cosa que reconvenir a quienes tienen la impresión que acabo de describir. “Esa constante des­legitimación de una institución clave como el Poder Judicial produce unos efectos sobre su credibilidad que son de costosa y difícil reparación”, dijo en el Congreso, así como que percibía “constantes críticas a las resoluciones y actuacio­nes judiciales”, incluso de medios extranjeros (los cuales le “pre­ocupaban” más). Curioso que el actual Presidente de Valencia, Alberto Fabra, se haya quejado también de que las críticas a su policía y a su Gobierno “desprestigian a su Comunidad”. ¿De verdad cree el señor Fabra que hay algo exterior, a estas alturas, que la pueda desprestigiar aún más, tras los inacabables escán­dalos de corrupción, ruina y derroche en Castellón, Alicante y Valencia? De esa Comunidad cabría decir que se basta y se sobra para hundir su propia imagen, y que son precisamente las críti­cas a sus desafueros las que intentan que éstos cesen o mengüen. De la misma forma, habría que decirle al señor Dívar que si la credibilidad y la reputación de la justicia y los jueces están en el fango, es porque los segundos han metido allí a la primera. Quie­nes critican a una y a otros tratan justamente de sacarlos del lodazal. Nada puede ser “deslegitimado” desde fuera si antes no lo han hecho quienes lo controlan y se apropian de ello, y, desde dentro lo pervierten y mancillan.

JAVIER MARÍAS

El País Semanal, 11 de marzo de 2012

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